El pasado 6 de octubre finalizó el periodo de alegaciones previas a la aprobación del Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertederero. La nueva norma, que derogará el actual Real Decreto 1481/2001, es el resultado de la transposición a ordenamiento jurídico español de la Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril, que tiene como objetivo «impedir o reducir los efectos negativos en el medio ambiente del vertido de residuos y, en consecuencia, fomentar la prevención, el reciclado y el aprovechamiento de los residuos, así como la utilización de los materiales y de la energía recuperados, con el fin de no malgastar los recursos naturales y de minimizar el uso de los suelos». [vc_separator type=»transparent» up=»10″]

Principales novedades

• La norma incorpora los objetivos de reducción de vertidos, en el marco del tránsito a la economía circular.
• Se prevé una relación de vertidos que no se aceptarán en vertederos, al tratarse de residuos aptos para su reutilización o valorización.
• La prohibición de diluir o mezclar residuos con la finalidad de cumplir con los criterios de admisión de residuos en vertedero.
• El productor de los residuos estará obligado a trasladar a la entidad responsable de la información vertedero información sobre los residuos, así como el proceso o tratamiento a que han sido sometidos.
• Se refuerza la obligación del tratamiento previo de los residuos, se especifica el alcance de lo que debe entenderse por tratamiento previo para los residuos municipales y se establecen criterios que permitirán valorar la eficiencia del tratamiento previo de los mismos.[vc_separator type=»transparent» up=»10″]

La Asociación de gestores de residuos industriales y peligrosos, Asegre, ha participado en el periodo de información pública de la nueva norma. La entidad ha subrayado la importancia de los recursos económicos incluidos en este proyecto de ley y sus consecuencias sobre la aplicación del principio de jerarquía de residuos. Asegre ha reclamado que los recursos e incentivos económicos incluyan aquellos residuos cuyo único tratamiento posible es el depósito en vertedero, como es el caso de los residuos con amianto.